Fiscalía y SII analizan extender investigación en caso Penta hasta mediados de los 90

Desapercibidos pasaron dos comentarios que hicieron el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, y el fiscal Carlos Gajardo durante la audiencia de formalización de cargos y luego en las apelaciones a las medidas cautelares. Dos frases que aparentemente no tendrían conexión entre sí, pero que podrían convertir el Caso Penta en una caja de Pandora, como aseguran cercanos a la causa. Mucho más allá de lo que ya se ha descubierto.

En ambas audiencias, el fiscal Gajardo hizo referencia a que tenía antecedentes que muestran que algunos de los ilícitos que están siendo investigados, y por los cuales se ha dejado con prisión preventiva a los controladores del grupo Penta -Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano-, venían ocurriendo desde 1996; sin embargo, la investigación, debido a la prescripción de los delitos –a causa del tiempo transcurrido-, abarcaba desde 2006 en adelante.

Por su parte, el presidente del CDE, tanto en la formalización de cargos como en las apelaciones, hizo mención a la posibilidad de invocar el artículo 96 del Código Penal, el que asegura que puede interrumpirse la prescripción de los ilícitos si es que éstos siguieron cometiéndose ininterrumpidamente.

Y aunque ambas frases sólo aparecieron dentro de los muchos argumentos que se esgrimieron en las audiencias sin llamar la atención, lo cierto es que dan a conocer una estrategia que tanto en el Ministerio Público, como el CDE y el mismo Servicio de Impuestos Internos (SII) ya analizan.

La interrupción

Según explicó a Diario Financiero Juan Ignacio Piña, aún no saben cuántos años atrás podrían llegar a investigar, "pero sí puedo decir que en la medida que haya nuevos delitos, el tiempo de prescripción se interrumpe y se pierde; es decir, empieza a correr nuevamente".

Piña aclaró que el decidir si se invocará el mencionado artículo del Código Penal es una definición "que tiene que tomar el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, porque nosotros no tenemos legitimación activa para indagar en esa línea".

En todo caso, cercanos a ambas instituciones cuentan que durante esta semana los tres interesados -el CDE, el SII y la Fiscalía- analizarán la posibilidad de pedir la interrupción de la prescripción.

Para esto, fiscalizadores del SII están preparando un informe sobre el tema, el que servirá de insumo para luego decidir si es el camino que seguirán.

De hecho, cercanos al Servicio cuentan que esta misma recopilación de antecedentes se está haciendo respecto de otras líneas de investigación de la causa que aún no han sido exploradas, pero que no han sido descartadas por el SII, por lo que los equipos jurídicos de éste podrían tomar decisiones de perseguir otras responsabilidades más adelante.

Caja de Pandora

Una de las razones por las cuales la decisión de interrumpir la prescripción aún no se invoca, señalan cercanos a la causa, es que el asunto es complejo, y no se sabe con qué finalmente terminen encontrándose los persecutores y que podría causarse un daño a la institucionalidad mayor, si es que llegaran a aparecer muchas más boletas para financiar campañas políticas pasadas.

Fuentes del Ministerio Público son más cautas y aseguran que a lo que el fiscal Gajardo hizo referencia durante las audiencias, respecto de ilícitos cometidos desde mediados de los 90, dicen relación con el uso de las boletas por parte de las cónyuges de Délano y Lavín. De hecho, aseguran, todo estos antecedentes son parte de la carpeta de la investigación y que cualquiera que tenga acceso a ella, podrá ver a qué se refiere el fiscal.

En todo caso, altas fuentes de la investigación aseguran que una de las variables que se analizará al momento de decidir si es que se pide la interrupción de la prescripción es su aporte a la causa, puesto que si sólo sirve para probar la reiteración de los delitos, ello está prácticamente comprobado con los antecedentes actuales, por lo que no se ve necesidad de hacerlo. Si sirviera para probar otros ilícitos que aún no se han configurado o contra otros imputados, es seguro que se invocará el mencionado artículo 96.

Esta semana decidirán formalizaciones en la arista política

Dos hitos marcarán el trabajo de la Fiscalía durante esta semana en dos aristas que hasta ahora no fueron el foco, ante las apelaciones a las formalizaciones que se realizaron el sábado y que confirmaron la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

El más importante de éstos dice relación con la arista política. Altas fuentes del Ministerio Público cuentan que esta semana los fiscales analizarán la posibilidad de formalizar a involucrados en las donaciones a las campañas políticas.

Para esto, la fiscalía tiene pensado llamar a declarar esta semana a los políticos que aún no lo han hecho. Así, serían los senadores UDI Ena von Baer e Iván Moreira quienes tendrán que acudir hasta las oficinas del Ministerio Público. Esto, además, porque aunque originalmente se pensó que ambos senadores lo hicieran de forma voluntaria en enero, no lo concretaron.

Ambos nombres, entre quienes serían llamados a declarar, fueron confirmados hace unos días por el mismo fiscal nacional, Sabas Chahuán, cuando señaló que "no sé cuándo, pero los vamos a interrogar, porque hay imputaciones respecto de ellos".

Otro de entre quienes podría ser requerido es el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien también ha sido involucrado en el caso con boletas para una fundación que presidía.

Hasta ahora han pasado por la oficina del fiscal Carlos Gajardo, los ex precandidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborne, además del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett.

Incautación en SQM

Otro hito de esta semana, será la petición que hará la fiscalía a un tribunal para incautar documentos de SQM, luego de que hace una semana la información se pidiera a la compañía de forma voluntaria, pero que hasta ahora no ha respondido. Por lo mismo, cercanos a la fiscalía comentan que hoy mismo pedirían al tribunal la orden de incautación, aunque esto podría variar si es que el directorio de la compañía decide hacerlo por voluntad propia, algo que quedaron de responder hoy.

Respecto de porqué no pidieron desde el primer día una orden judicial, fuentes del Ministerio Público señalan que había que cumplir con el formalismo.

En todo caso, explican que como la querella del SII es contra todos quienes resulten responsables se abre un espacio para demandar lo que han pedido en forma voluntaria.